DECRETO
1558/2001. Reglamentación
de la Ley Nº 25.326. Principios generales relativos a la protección de datos.
Derechos de los titulares de los datos. Usuarios y responsables de archivos,
registros y bancos de datos. Control. Sanciones.
Publicado
en el Boletín Oficial el 03/12/2001
Apruébase
la reglamentación de la Ley Nº 25.326. Principios generales relativos a la
protección de datos. Derechos de los titulares de los datos. Usuarios y
responsables de archivos, registros y bancos de datos. Control. Sanciones.
Bs.
As., 29/11/2001
VISTO
el expediente Nº 128.949/01 del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS, la Ley Nº 25.326, y
CONSIDERANDO:
Que
el artículo 45 de la mencionada Ley establece que el PODER EJECUTIVO NACIONAL
deberá reglamentar la misma y establecer el órgano de control a que se refiere
su artículo 29 dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de su promulgación.
Que
el artículo 46 de la Ley citada establece que la reglamentación fijará el
plazo dentro del cual los archivos de datos destinados a proporcionar informes
existentes al momento de la sanción de dicha Ley deberán inscribirse en el
Registro a que se refiere su artículo 21 y adecuarse a lo que dispone el régimen
establecido en dicha norma.
Que
el artículo 31, inciso 2, de la Ley Nº 25.326 dispone que la reglamentación
determinará las condiciones y procedimientos para la aplicación de sanciones,
en los términos que dicha norma establece.
Que
la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS, la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SUBSECRETARIA DE
ASUNTOS LEGALES de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION
y la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION han tomado la intervención que les
compete.
Que
la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo
99, inciso 2) de la CONSTITUCION NACIONAL.
Por
ello, EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo
1º — Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 25.326 de Protección de los
Datos Personales, que como anexo I forma parte del presente.
Art.
2º — Establécese en CIENTO OCHENTA (180) días el plazo previsto en el artículo
46 de la Ley Nº 25.326.
Art.
3º — Invítase a las Provincias y a la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES a
adherir a las normas de exclusiva aplicación nacional de esta reglamentación.
Art.
4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese. —DE LA RUA. — Chrystian G. Colombo. — Jorge E. De La
Rúa.
ANEXO
I
REGLAMENTACION
DE LA LEY Nº 25.326
CAPITULO
I
DISPOSICIONES
GENERALES
ARTICULO 1.-
A
los efectos de esta reglamentación, quedan comprendidos en el concepto de
archivos, registros, bases o bancos de datos privados destinados a dar informes,
aquellos que exceden el uso exclusivamente personal y los que tienen como
finalidad la cesión o transferencia de datos personales, independientemente de
que la circulación del informe o la información producida sea a título
oneroso o gratuito.
ARTICULO 2.-
Sin reglamentar.
CAPITULO
II
PRINCIPIOS GENERALES RELATIVOS A LA PROTECCION DE DATOS
ARTICULO 3.-
Sin
reglamentar.
ARTICULO 4.-
Para
determinar la lealtad y buena fe en la obtención de los datos personales, así
como el destino que a ellos se asigne, se deberá analizar el procedimiento
efectuado para la recolección y, en particular, la información que se haya
proporcionado al titular de los datos de acuerdo con el artículo 6º de la Ley
Nº 25.326.
Cuando
la obtención o recolección de los datos personales fuese lograda por
interconexión o tratamiento de archivos, registros, bases o bancos de datos, se
deberá analizar la fuente de información y el destino previsto por el
responsable o usuario para los datos personales obtenidos.
El
dato que hubiera perdido vigencia respecto de los fines para los que se hubiese
obtenido o recolectado debe ser suprimido por el responsable o usuario sin
necesidad de que lo requiera el titular de los datos.
La
DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES efectuará controles de
oficio sobre el cumplimiento de este principio legal, y aplicará las sanciones
pertinentes al responsable o usuario en los casos que correspondiere.
La
DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES procederá, ante el pedido
de un interesado o de oficio ante la sospecha de una ilegalidad, a verificar el
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en orden a cada una
de las siguientes etapas del uso y aprovechamiento de datos personales:
a)
legalidad de la recolección o toma de información personal;
b)
legalidad en el intercambio de datos y en la transmisión a terceros o en la
interrelación entre ellos;
c)
legalidad en la cesión propiamente dicha;
d)
legalidad de los mecanismos de control interno y externo del archivo, registro,
base o banco de datos.
ARTICULO 5.-
El
consentimiento informado es el que está precedido de una explicación, al
titular de los datos, en forma adecuada a su nivel social y cultural, de la
información a que se refiere el artículo 6º de la Ley Nº 25.326.
La
DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES establecerá los requisitos
para que el consentimiento pueda ser prestado por un medio distinto a la forma
escrita, el cual deberá asegurar la autoría e integridad de la declaración.
El
consentimiento dado para el tratamiento de datos personales puede ser revocado
en cualquier tiempo. La revocación no tiene efectos retroactivos.
A
los efectos del artículo 5º, inciso 2 e), de la Ley Nº 25.326 el concepto de
entidad financiera comprende a las personas alcanzadas por la Ley Nº 21.526 y a
las empresas emisoras de tarjetas de crédito, los fideicomisos financieros, las
exentidades financieras liquidadas por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA y los sujetos que expresamente incluya la Autoridad de Aplicación de
la mencionada Ley.
No
es necesario el consentimiento para la información que se describe en los
incisos a), b), c) y d) del artículo 39 de la Ley Nº 21.526.
En
ningún caso se afectará el secreto bancario, quedando prohibida la divulgación
de datos relativos a operaciones pasivas que realicen las entidades financieras
con sus clientes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de
la Ley Nº 21.526.
ARTICULO 6.-
Sin
reglamentar.
ARTICULO 7.-
Sin
reglamentar.
ARTICULO 8.-
Sin
reglamentar.
ARTICULO 9.-
La
DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES promoverá la cooperación
entre sectores públicos y privados para la elaboración e implantación de
medidas, prácticas y procedimientos que susciten la confianza en los sistemas
de información, así como en sus modalidades de provisión y utilización.
ARTICULO 10.-
Sin
reglamentar.
ARTICULO 11.-
Al
consentimiento para la cesión de los datos le son aplicables las disposiciones
previstas en el artículo 5º de la Ley Nº 25.326 y el artículo 5º de esta
reglamentación.
En
el caso de archivos o bases de datos públicas dependientes de un organismo
oficial que por razón de sus funciones específicas estén destinadas a la
difusión al público en general, el requisito relativo al interés legítimo
del cesionario se considera implícito en las razones de interés general que
motivaron el acceso público irrestricto.
La
cesión masiva de datos personales de registros públicos a registros privados sólo
puede ser autorizada por ley o por decisión del funcionario responsable, si los
datos son de acceso público y se ha garantizado el respeto a los principios de
protección establecidos en la Ley Nº 25.326. No es necesario acto
administrativo alguno en los casos en que la ley disponga el acceso a la base de
datos pública en forma irrestricta. Se entiende por cesión masiva de datos
personales la que comprende a un grupo colectivo de personas.
La
DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES fijará los estándares de
seguridad aplicables a los mecanismos de disociación de datos.
El
cesionario a que se refiere el artículo 11, inciso 4, de la Ley Nº 25.326,
podrá ser eximido total o parcialmente de responsabilidad si demuestra que no
se le puede imputar el hecho que ha producido el daño.
ARTICULO 12.-
La
prohibición de transferir datos personales hacia países u organismos
internacionales o supranacionales que no proporcionen niveles de protección
adecuados, no rige cuando el titular de los datos hubiera consentido
expresamente la cesión.
No
es necesario el consentimiento en caso de transferencia de datos desde un
registro público que esté legalmente constituido para facilitar información
al público y que esté abierto a la consulta por el público en general o por
cualquier persona que pueda demostrar un interés legítimo, siempre que se
cumplan, en cada caso particular, las condiciones legales y reglamentarias para
la consulta.
Facúltase
a la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES a evaluar, de oficio o
a pedido de parte interesada, el nivel de protección proporcionado por las
normas de un Estado u organismo internacional. Si llegara a la conclusión de
que un Estado u organismo no protege adecuadamente a los datos personales,
elevará al PODER EJECUTIVO NACIONAL un proyecto de decreto para emitir tal
declaración. El proyecto deberá ser refrendado por los Ministros de Justicia y
Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
El
carácter adecuado del nivel de protección que ofrece un país u organismo
internacional se evaluará atendiendo a todas las circunstancias que concurran
en una transferencia o en una categoría de transferencias de datos; en
particular, se tomará en consideración la naturaleza de los datos, la
finalidad y la duración de tratamiento o de los tratamientos previstos, el
lugar de destino final, las normas de derecho, generales o sectoriales, vigentes
en el país de que se trate, así como las normas profesionales, códigos de
conducta y las medidas de seguridad en vigor en dichos lugares, o que resulten
aplicables a los organismos internacionales o supranacionales.
Se
entiende que un Estado u organismo internacional proporciona un nivel adecuado
de protección cuando dicha tutela se deriva directamente del ordenamiento jurídico
vigente, o de sistemas de autorregulación, o del amparo que establezcan las cláusulas
contractuales que prevean la protección de datos personales.
CAPITULO
III
DERECHOS
DE LOS TITULARES DE DATOS
ARTICULO 13.-
Sin
reglamentar.
ARTICULO 14.-
La
solicitud a que se refiere el artículo 14, inciso 1, de la Ley Nº 25.326, no
requiere de fórmulas específicas, siempre que garantice la identificación del
titular. Se puede efectuar de manera directa, presentándose el interesado ante
el responsable o usuario del archivo, registro, base o banco de datos, o de
manera indirecta, a través de la intimación fehaciente por medio escrito que
deje constancia de recepción. También pueden ser utilizados otros servicios de
acceso directo o semidirecto como los medios electrónicos, las líneas telefónicas,
la recepción del reclamo en pantalla u otro medio idóneo a tal fin. En cada
supuesto, se podrán ofrecer preferencias de medios para conocer la respuesta
requerida.
Si
se tratara de archivos o bancos de datos públicos dependientes de un organismo
oficial destinados a la difusión al público en general, las condiciones para
el ejercicio del derecho de acceso podrán ser propuestas por el organismo y
aprobadas por la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, la cual
deberá asegurar que los procedimientos sugeridos no vulneren ni restrinjan en
modo alguno las garantías propias de ese derecho.
El
derecho de acceso permitirá:
a)
conocer si el titular de los datos se encuentra o no en el archivo, registro,
base o banco de datos;
b)
conocer todos los datos relativos a su persona que constan en el archivo;
c)
solicitar información sobre las fuentes y los medios a través de los cuales se
obtuvieron sus datos;
d)
solicitar las finalidades para las que se recabaron;
e)
conocer el destino previsto para los datos personales;
f)
saber si el archivo está registrado conforme a las exigencias de la Ley Nº
25.326.
Vencido
el plazo para contestar fijado en el artículo 14, inciso 2 de la Ley Nº
25.326, el interesado podrá ejercer la acción de protección de los datos
personales y denunciar el hecho ante la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE
DATOS PERSONALES a los fines del control pertinente de este organismo.
En
el caso de datos de personas fallecidas, deberá acreditarse el vínculo
mediante la declaratoria de herederos correspondiente, o por documento
fehaciente que verifique el carácter de sucesor universal del interesado.
ARTICULO 15.-
El
responsable o usuario del archivo, registro, base o banco de datos deberá
contestar la solicitud que se le dirija, con independencia de que figuren o no
datos personales del afectado, debiendo para ello valerse de cualquiera de los
medios autorizados en el artículo 15, inciso 3, de la Ley Nº 25.326, a opción
del titular de los datos, o las preferencias que el interesado hubiere
expresamente manifestado al interponer el derecho de acceso.
La
DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES elaborará un formulario
modelo que facilite el derecho de acceso de los interesados.
Podrán
ofrecerse como medios alternativos para responder el requerimiento, los
siguientes:
a)
visualización en pantalla;
b)
informe escrito entregado en el domicilio del requerido;
c)
informe escrito remitido al domicilio denunciado por el requirente;
d)
transmisión electrónica de la respuesta, siempre que esté garantizada la
identidad del interesado y la confidencialidad, integridad y recepción de la
información;
e)
cualquier otro procedimiento que sea adecuado a la configuración e implantación
material del archivo, registro, base o banco de datos, ofrecido por el
responsable o usuario del mismo.
ARTICULO 16.-
En
las disposiciones de los artículos 16 a 22 y 38 a 43 de la Ley Nº 25.326 en
que se menciona a algunos de los derechos de rectificación, actualización,
supresión y confidencialidad, se entiende que tales normas se refieren a todos
ellos.
En
el caso de los archivos o bases de datos públicas conformadas por cesión de
información suministrada por entidades financieras, administradoras de fondos
de jubilaciones y pensiones y entidades aseguradoras, de conformidad con el artículo
5º, inciso 2, de la Ley Nº 25.326, los derechos de rectificación, actualización,
supresión y confidencialidad deben ejercerse ante la entidad cedente que sea
parte en la relación jurídica a que se refiere el dato impugnado. Si
procediera el reclamo, la entidad respectiva debe solicitar al BANCO CENTRAL DE
LA REPUBLICA ARGENTINA, a la SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE
JUBILACIONES Y PENSIONES o a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, según
el caso, que sean practicadas las modificaciones necesarias en sus bases de
datos. Toda modificación debe ser comunicada a través de los mismos medios
empleados para la divulgación de la información.
Los
responsables o usuarios de archivos o bases de datos públicos de acceso público
irrestricto pueden cumplir la notificación a que se refiere el artículo 16,
inciso 4, de la Ley Nº 25.326 mediante la modificación de los datos realizada
a través de los mismos medios empleados para su divulgación.
ARTICULO 17.-
Sin
reglamentar.
ARTICULO 18.-
Sin
reglamentar.
ARTICULO 19.-
Sin
reglamentar.
ARTICULO 20.-
Sin
reglamentar.
CAPITULO
IV
USUARIOS
Y RESPONSABLES DE ARCHIVOS, REGISTROS Y BANCOS DE DATOS
ARTICULO 21.-
El
registro e inscripción de archivos, registros, bases o bancos de datos públicos,
y privados destinados a dar información, se habilitará una vez publicada esta
reglamentación en el Boletín Oficial.
Deben
inscribirse los archivos, registros, bases o bancos de datos públicos y los
privados a que se refiere el artículo 1º de esta reglamentación.
A
los fines de la inscripción de los archivos, registros, bases y bancos de datos
con fines de publicidad, los responsables deben proceder de acuerdo con lo
establecido en el artículo 27, cuarto párrafo, de esta reglamentación.
ARTICULO 22.-
Sin
reglamentar.
ARTICULO 23.-
Sin
reglamentar.
ARTICULO 24.-
Sin
reglamentar.
ARTICULO 25.-
Los
contratos de prestación de servicios de tratamiento de datos personales deberán
contener los niveles de seguridad previstos en la Ley Nº 25.326, esta
reglamentación y las normas complementarias que dicte la DIRECCION NACIONAL DE
PROTECCION DE DATOS PERSONALES, como así también las obligaciones que surgen
para los locatarios en orden a la confidencialidad y reserva que deben mantener
sobre la información obtenida.
La
realización de tratamientos por encargo deberá estar regulada por un contrato
que vincule al encargado del tratamiento con el responsable o usuario del
tratamiento y que disponga, en particular:
a)
que el encargado del tratamiento sólo actúa siguiendo instrucciones del
responsable del tratamiento;
b)
que las obligaciones del artículo 9º de la Ley Nº 25.326 incumben también al
encargado del tratamiento.
ARTICULO 26.-
A
los efectos del artículo 26, inciso 2, de la Ley Nº 25.326, se consideran
datos relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones los referentes
a los contratos de mutuo, cuenta corriente, tarjetas de crédito, fideicomiso,
leasing, de créditos en general y toda otra obligación de contenido
patrimonial, así como aquellos que permitan conocer el nivel de cumplimiento y
la calificación a fin de precisar, de manera indubitable, el contenido de la
información emitida.
En
el caso de archivos o bases de datos públicos dependientes de un organismo
oficial destinadas a la difusión al público en general, se tendrán por
cumplidas las obligaciones que surgen del artículo 26, inciso 3, de la Ley Nº
25.326 en tanto el responsable de la base de datos le comunique al titular de
los datos las informaciones, evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo
hayan sido difundidas durante los últimos SEIS (6) meses.
Para
apreciar la solvencia económico-financiera de una persona, conforme lo
establecido en el artículo 26, inciso 4, de la Ley Nº 25.326, se tendrá en
cuenta toda la información disponible desde el nacimiento de cada obligación
hasta su extinción. En el cómputo de CINCO (5) años, éstos se contarán a
partir de la fecha de la última información adversa archivada que revele que
dicha deuda era exigible. Si el deudor acredita que la última información
disponible coincide con la extinción de la deuda, el plazo se reducirá a DOS
(2) años. Para los datos de cumplimiento sin mora no operará plazo alguno para
la eliminación.
A
los efectos del cálculo del plazo de DOS (2) años para conservación de los
datos cuando el deudor hubiere cancelado o extinguido la obligación, se tendrá
en cuenta la fecha precisa en que se extingue la deuda.
A
los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26, inciso 5, de
la Ley Nº 25.326, el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA deberá restringir
el acceso a sus bases de datos disponibles en Internet, para el caso de
información sobre personas físicas, exigiendo el ingreso del número de
documento nacional de identidad o código único de identificación tributaria o
laboral del titular de los datos, obtenidos por el cesionario a través de una
relación contractual o comercial previa.
ARTICULO 27.-
Podrán
recopilarse, tratarse y cederse datos con fines de publicidad sin consentimiento
de su titular, cuando estén destinados a la formación de perfiles
determinados, que categoricen preferencias y comportamientos similares de las
personas, siempre que los titulares de los datos sólo se identifiquen por su
pertenencia a tales grupos genéricos, con más los datos individuales
estrictamente necesarios para formular la oferta a los destinatarios.
Las
cámaras, asociaciones y colegios profesionales del sector que dispongan de un Código
de Conducta homologado por la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES, al que por estatuto adhieran obligatoriamente todos sus miembros,
junto con la Autoridad de Aplicación, implementarán, dentro de los NOVENTA
(90) días siguientes a la publicación de esta reglamentación, un sistema de
retiro o bloqueo a favor del titular del dato que quiera ser excluido de las
bases de datos con fines de publicidad. El retiro podrá ser total o parcial,
bloqueando exclusivamente, a requerimiento del titular, el uso de alguno o
algunos de los medios de comunicación en particular, como el correo, el teléfono,
el correo electrónico u otros.
En
toda comunicación con fines de publicidad que se realice por correo, teléfono,
correo electrónico, Internet u otro medio a distancia a conocer, se deberá
indicar, en forma expresa y destacada, la posibilidad del titular del dato de
solicitar el retiro o bloqueo, total o parcial, de su nombre de la base de
datos. A pedido del interesado, se deberá informar el nombre del responsable o
usuario del banco de datos que proveyó la información.
A
los fines de garantizar el derecho de información del artículo 13 de la Ley Nº
25.326, se inscribirán únicamente las cámaras, asociaciones y colegios
profesionales del sector que dispongan de un Código de Conducta homologado por
la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, al que por estatuto
adhieran obligatoriamente todos sus miembros. Al inscribirse, las cámaras,
asociaciones y colegios profesionales deberán acompañar una nómina de sus
asociados indicando nombre, apellido y domicilio.
Los
responsables o usuarios de archivos, registros, bancos o bases de datos con
fines de publicidad que no se encuentren adheridos a ningún Código de
Conducta, cumplirán el deber de información inscribiéndose en el Registro a
que se refiere el artículo 21 de la Ley Nº 25.326.
Los
datos vinculados a la salud sólo podrán ser tratados, a fin de realizar
ofertas de bienes y servicios, cuando hubieran sido obtenidos de acuerdo con la
Ley Nº 25.326 y siempre que no causen discriminación, en el contexto de una
relación entre el consumidor o usuario y los proveedores de servicios o
tratamientos médicos y entidades sin fines de lucro. Estos datos no podrán
transferirse a terceros sin el consentimiento previo, expreso e informado del
titular de los datos. A dicho fin, este último debe recibir una noticia clara
del carácter sensible de los datos que proporciona y de que no está obligado a
suministrarlos, junto con la información de los artículos 6º y 11, inciso 1,
de la Ley Nº 25.326 y la mención de su derecho a solicitar el retiro de la
base de datos.
ARTICULO 28.-
Los
archivos, registros, bases o bancos de datos mencionados en el artículo 28 de
la Ley Nº 25.326 son responsables y pasibles de las multas previstas en el artículo
31 de la ley citada cuando infrinjan sus disposiciones.
CAPITULO
V
CONTROL
ARTICULO
29.
1.
Créase la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, en el ámbito
de la SECRETARIA DE JUSTICIA Y ASUNTOS LEGISLATIVOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS, como órgano de control de la Ley Nº 25.326.
El
Director tendrá dedicación exclusiva en su función, ejercerá sus funciones
con plena independencia y no estará sujeto a instrucciones.
2.
La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES se integrará con un
Director Nacional, Nivel "A" con Función Ejecutiva I, designado por
el PODER EJECUTIVO NACIONAL, por el plazo de CUATRO (4) años, debiendo ser
seleccionado entre personas con antecedentes en la materia, a cuyo fin facúltase
al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, o a quien lo sustituya en sus
funciones, a efectuar la designación correspondiente, como excepción a lo
dispuesto por el ANEXO I del Decreto Nº 993/91 y sus modificatorios.
La
Dirección contará con el personal jerárquico y administrativo que designe el
Ministro de Justicia y Derechos Humanos aprovechando los recursos humanos
existentes en la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL. El personal estará obligado
a guardar secreto respecto de los datos de carácter personal de los que tome
conocimiento en el desarrollo de sus funciones.
En
el plazo de TREINTA (30) días hábiles posteriores a la asunción de su cargo,
el Director Nacional presentará un proyecto de estructura organizativa y
reglamentación interna, para su aprobación por el PODER EJECUTIVO NACIONAL y
publicación en el Boletín Oficial.
3.
La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES se financiará a través
de:
a)
lo que recaude en concepto de tasas por los servicios que preste;
b)
el producido de las multas previstas en el artículo 31 de la Ley Nº 25.326;
c)
las asignaciones presupuestarias que se incluyan en la Ley de Presupuesto de la
Administración Nacional a partir del año 2002.
Transitoriamente,
desde la entrada en vigencia de la presente reglamentación y hasta el 31 de
diciembre de 2001, el costo de la estructura será afrontado con el crédito
presupuestario correspondiente al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS para
el año 2001, sin perjuicio de lo dispuesto en los subincisos a) y b) del párrafo
anterior.
4.
La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES contará con un Consejo
Consultivo, que se desempeñará "ad honorem", encargado de asesorar
al Director Nacional en los asuntos de importancia, integrado por:
a)
un representante del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS;
b)
un magistrado del MINISTERIO PUBLICO FISCAL con especialidad en la materia;
c)
un representante de los archivos privados destinados a dar información
designado por la Cámara que agrupe a las entidades nacionales de información
crediticia;
d)
un representante de la FEDERACION DE ENTIDADES EMPRESARIAS DE INFORMACIONES
COMERCIALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA;
e)
un representante del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA;
f)
un representante de las empresas dedicadas al objeto previsto en el artículo 27
de la Ley Nº 25.326, designado por las Cámaras respectivas de común acuerdo,
unificando en una persona la representación;
g)
un representante del CONSEJO FEDERAL DEL CONSUMO;
h)
un representante del IRAM, Instituto Argentino de Normalización, con
especialización en el campo de la seguridad informática;
i)
un representante de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION;
j)
un representante de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organos y
Actividades de Seguridad Interior e Inteligencia del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACION.
Invítase
a las entidades mencionadas en el presente inciso a que designen los
representantes que integrarán el Consejo Consultivo.
5.
Son funciones de la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, además
de las que surgen de la Ley Nº 25.326:
a)
dictar normas administrativas y de procedimiento relativas a los trámites
registrales y demás funciones a su cargo, y las normas y procedimientos técnicos
relativos al tratamiento y condiciones de seguridad de los archivos, registros y
bases o bancos de datos públicos y privados;
b)
atender las denuncias y reclamos interpuestos en relación al tratamiento de
datos personales en los términos de la Ley Nº 25.326;
c)
percibir las tasas que se fijen por los servicios de inscripción y otros que
preste;
d)
organizar y proveer lo necesario para el adecuado funcionamiento del Registro de
archivos, registros, bases o bancos de datos públicos y privados previsto en el
artículo 21 de la Ley Nº 25.326;
e)
diseñar los instrumentos adecuados para la mejor protección de los datos
personales de los ciudadanos y el mejor cumplimiento de la legislación de
aplicación;
f)
homologar los códigos de conducta que se presenten de acuerdo a lo establecido
por el artículo 30 de la Ley Nº 25.326, previo dictamen del Consejo
Consultivo, teniendo en cuenta su adecuación a los principios reguladores del
tratamiento de datos personales, la representatividad que ejerza la asociación
y organismo que elabora el código y su eficacia ejecutiva con relación a los
operadores del sector mediante la previsión de sanciones o mecanismos
adecuados.
ARTICULO 30.-
La
DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES alentará la elaboración
de códigos de conducta destinados a contribuir, en función de las
particularidades de cada sector, a la correcta aplicación de las disposiciones
nacionales adoptadas por la Ley Nº 25.326 y esta reglamentación.
Las
asociaciones de profesionales y las demás organizaciones representantes de
otras categorías de responsables o usuarios de archivos, registros, bases o
bancos de datos públicos o privados, que hayan elaborado proyectos de códigos
éticos, o que tengan la intención de modificar o prorrogar códigos nacionales
existentes, podrán someterlos a consideración de la DIRECCION NACIONAL DE
PROTECCION DE DATOS PERSONALES, la cual aprobará el ordenamiento o sugerirá
las correcciones que se estimen necesarias para su aprobación.
CAPITULO
VI
SANCIONES
ARTICULO
31.
1.
Las sanciones administrativas establecidas en el artículo 31 de la Ley Nº
25.326 serán aplicadas a los responsables o usuarios de archivos, registros,
bases o bancos de datos públicos, y privados destinados a dar información, se
hubieren inscripto o no en el registro correspondiente.
La
cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los
derechos personales afectados, al volumen de los tratamientos efectuados, a los
beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a la reincidencia, a los daños
y perjuicios causados a las personas interesadas y a terceros, y a cualquier
otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuricidad y
de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora. Se considerará
reincidente a quien habiendo sido sancionado por una infracción a la Ley Nº
25.326 o sus reglamentaciones incurriera en otra de similar naturaleza dentro
del término de TRES (3) años, a contar desde la aplicación de la sanción.
2.
El producido de las multas a que se refiere el artículo 31 de la Ley Nº 25.326
se aplicará al financiamiento de la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES.
3.
El procedimiento se ajustará a las siguientes disposiciones:
a)
La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES iniciará actuaciones
administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de la Ley
Nº 25.326 y sus normas reglamentarias, de oficio o por denuncia de quien
invocare un interés particular, del Defensor del Pueblo de la Nación o de
asociaciones de consumidores o usuarios.
b)
Se procederá a labrar acta en la que se dejará constancia del hecho denunciado
o verificado y de la disposición presuntamente infringida.
En
la misma acta se dispondrá agregar la documentación acompañada y citar al
presunto infractor para que, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles,
presente por escrito su descargo y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Si
se tratare de un acta de inspección, en que fuere necesaria una comprobación técnica
posterior a los efectos de la determinación de la presunta infracción y que
resultare positiva, se procederá a notificar al presunto responsable la
infracción verificada, intimándolo para que en el plazo de CINCO (5) días hábiles
presente por escrito su descargo. En su primera presentación, el presunto
infractor deberá constituir domicilio y acreditar personería.
La
constancia del acta labrada conforme a lo previsto en este artículo, así como
las comprobaciones técnicas que se dispusieren, constituirán prueba suficiente
de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resultaren
desvirtuados por otras pruebas.
c)
Las pruebas se admitirán solamente en caso de existir hechos controvertidos y
siempre que no resulten manifiestamente inconducentes. Contra la resolución que
deniegue medidas de prueba sólo se concederá recurso de reconsideración. La
prueba deberá producirse dentro del término de DIEZ (10) días hábiles,
prorrogables cuando haya causas justificadas, teniéndose por desistidas
aquellas no producidas dentro de dicho plazo por causa imputable al infractor.
Concluidas
las diligencias sumariales, se dictará la resolución definitiva dentro del término
de VEINTE (20) días hábiles.
ARTICULO 32.-
Sin
reglamentar.
CAPITULO
VII
ACCION
DE PROTECCION DE LOS DATOS PERSONALES
ARTICULOS 33 a 46.- Sin reglamentar.