05-07-2003 08:20:54 GMT

DERECHOS HUMANOS. Tras la conexión argentina de ChoicePoint

por Viviana Alonso

BUENOS AIRES, jul (IPS) El Poder Ejecutivo y la justicia de Argentina investigan la presunta venta ilegal a la compañía ChoicePoint de datos personales de millones de ciudadanos de este país, que fueron a parar a manos de agencias de seguridad de Estados Unidos.

"La transferencia de datos al exterior está prohibida por la ley, que sólo la autoriza cuando se trata de un intercambio entre organismos de inteligencia en el marco de la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico o el crimen organizado", dijo a IPS el titular de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPD) del Ministerio de Justicia, Juan Travieso.

"El gobierno no va a ser tolerante y está dispuesto a llevar las investigaciones sobre el tráfico de datos hasta las últimas consecuencias", afirmó.

Travieso se refería a la Ley de Protección de Datos Personales, más conocida como de "hábeas data", en vigor desde 2001, cuyo control está a cargo de la DNPD.

Esa oficina denunció a ChoicePoint por recabar nombres, domicilios y documentos de identidad de ciudadanos argentinos, sin consentimiento de los mismos, ante el juez penal federal Norberto Oyarbide.

Fuentes judiciales señalaron que la compañía no obtuvo los datos de dependencias gubernamentales, sino de una empresa privada radicada en Argentina.

De hecho, gobiernos de siete países latinoamericanos investigan para determinar quién vendió datos a ChoicePoint y si esas operaciones fueron legales.

La firma ChoicePoint, con sede en la meridional ciudad estadounidense de Atlanta, ganó 11 millones de dólares el año pasado por vender sus archivos latinoamericanos --que incluyen información sobre antecedentes legales, cuentas bancarias y propiedad de viviendas-- a más de una docena de agencias gubernamentales de Estados Unidos.

La compañía continúa suministrando información sobre ciudadanos y compañías de Argentina, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela a agencias estadounidenses, y también sobre Brasil, pero solo referidos a empresas, según el no gubernamental Centro de Información para la Privacidad Electrónica, de Estados Unidos.

ChoicePoint sigue, además, comprando información en seis de esos países.

Sin embargo, hace varios meses que dejó de adquirir información de Argentina porque "no había mercado" para ese servicio, indicó el director de Asuntos Externos de ChoicePoint, Chuck Jones.

Hoy, el único comprador es el gobierno de George W. Bush, en especial su Departamento de Seguridad Interna.

"El problema del tráfico de datos es serio, difícil de controlar y se multiplica a diario a medida que la tecnología se hace más compleja", precisó Travieso, quien contrastó esa realidad con las limitaciones de presupuesto que los países tienen para enfrentarlo.

Para la ley argentina, la operación de ChoicePoint sería una simple transacción comercial porque se hizo sin el consentimiento de las autoridades de este país y fuera de los acuerdos internacionales para combatir el crimen y el terrorismo.

"Existe una gran preocupación en el gobierno, pero hay que esperar hasta que concluyan las investigaciones que está llevando adelante la justicia", añadió el titular de la DNPD.

Si se comprueba que hubo tráfico de datos, se trataría de "un hecho de gravedad inusitada", afirmó Travieso, quien solicitó a la justicia investigar "a toda persona física o jurídica, nacional o internacional", que haya colaborado en la recopilación y transferencia ilícita de información al exterior.

Asimismo, el funcionario pidió que se estableciera si hay "organismos públicos o privados" involucrados en el presunto tráfico o adquisición de esos datos y que se identificara a todos los responsables de la transacción ilegal.

"El conocimiento, en general, sobre ese derecho (a la privacidad de información personal) es casi nulo" y, por otra parte, "son muy pocas las empresas que aplican la ley, aunque está en vigencia desde noviembre de 2001", explicó el abogado Gustavo Tanús, especializado en protección de datos personales.

La ley de hábeas data establece que "los particulares que formen archivos, registros o bancos de datos que no sean para un uso exclusivamente personal deberán registrarse" en la DNPD, creada a tales efectos por esa norma.

Sólo quedan exceptuados los archivos periodísticos y los que los ciudadanos confeccionan para uso exclusivamente particular, como las agendas o los directorios telefónicos, es decir los que pertenecen al ámbito de su intimidad.

"Existen numerosos archivos, registros o bancos privados que no tienen como finalidad suministrar informes a terceros, pero que recolectan información personal que puede resultar discriminatoria en perjuicio de sus titulares", destacó Tanús.

Entre otros, mencionó "los que mantienen las empresas con datos de sus empleados, los que administran las (compañías) aseguradoras con relación a sus asegurados y las historias clínicas confeccionadas por los establecimientos de salud".

La ley establece que los datos deben ser obtenidos en forma fehaciente y no pueden ser utilizados con un fin distinto del que justificó la creación del registro y, entre otras cosas, deben ser eliminados cuando se haya cumplido la finalidad para la que fueron recabados.

Si bien existen demandas judiciales por parte de quienes consideran que se ha hecho un uso incorrecto de sus datos personales, Tanús explicó que en general se trata de acciones "contra entidades financieras, crediticias o contra el Banco Central, que dan información de tipo comercial", sobre deudas, registros bancarios e ingresos.

La mayoría de los ciudadanos no sólo desconoce la cantidad de empresas que tienen bases de datos de carácter económico, sino que ni siquiera imaginan que existen otros tipos de registros que, además, no están inscriptos en la DNPD y escapan a los controles.

En efecto, el abogado Tanús señaló a IPS que la DNPD "no está en pleno funcionamiento, ya que aún no se ha habilitado el registro en el que deben inscribirse las bases de datos públicas y privadas destinadas a dar informes" sobre las personas.

Tanús admitió que la demora podría deberse "a la falta de presupuesto" y "al cambio de gobierno".

Mientras avanza la investigación sobre ChoicePoint, Argentina recibió "la aprobación de la Unión Europea (UE) en materia de protección de datos personales, ya que sus estándares coinciden con los de los 15 estados miembros" del bloque, indicó Travieso.

Ese reconocimiento, firmado el miércoles por el comisario de la UE para el Mercado Interno, Fisco y Aduanas, Frits Bolkestein, es el primero del bloque a un estado latinoamericano, ya que hasta el momento sólo considera adecuadas las normas de Hungría, Suiza y Canadá.

La UE tuvo en cuenta la protección otorgada en Argentina a aquellos datos considerados delicados, como los que se refieren al origen racial, la religión, las opiniones políticas o convicciones morales, la afiliación sindical, la orientación sexual o la salud de las personas.

El proyecto de ley de hábeas data aprobado hace dos años "había sido presentado 15 años antes" por funcionarios del gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), comentó Tanús.

"La redacción de dicho proyecto, cuyo contenido se basaba fundamentalmente en la ley francesa de 1978, respondió a la recomendación del entonces Consejo para la Consolidación de la Democracia", organismo asesor en cuestiones institucionales creado por Alfonsín, abundó.

El Consejo "señalaba la conveniencia de consagrar el derecho a la privacidad, principalmente con miras a evitar que se viera afectado por los avances de la informática en materia de registro de datos", finalizó Tanús