14-07-2003 - Diario Clarin. páginas 12 y 13 (http://old.clarin.com/diario/2003/07/13/p-01215.htm)

Los datos personales de los argentinos, eje de un negocio millonario.  

En la pantalla de la computadora, bajo su nombre, dirá: "Casado, dos hijos, con domicilio en la calle..., últimos tres domicilios en..., deudor hipotecario con últimas dos cuotas impagas, acogido a la moratoria de impuestos bonaerense, querellado y
sobreseído por homicidio culposo en accidente de tránsito, detenido a los 16 años por escándalo en la vía pública, viajó a Uruguay tres veces en las últimas dos semanas". Todo esto, y mucho más aún, podrá saberlo un funcionario del Estado. Sólo tendrá que
ingresar en una computadora, junto a una clave secreta, un nombre o número de documento.
En eso consiste el proyecto del Gobierno para crear una base de datos única del Estado, que concentre toda la información disponible de cada uno de los argentinos.
El primer paso será, según revelaron fuentes del Gobierno a Clarín, convocar por medio de un decreto que se firmaría en los próximos días a una comisión que redactará el pliego de licitación. Allí se llamará a concurso para crear el nuevo megarregistro
informático. Y también se licitarán las máquinas que utilizará el Estado para imprimir un nuevo DNI para toda la población.
Es que el proyecto incluye un recambio total de los documentos de identidad. Comenzará como optativo pero terminará siendo obligatorio. Aunque el DNI actual esté impecable habrá que cambiarlo.
A los funcionarios consultados no les gusta utilizar la palabra "compulsivo", pero admitieron que una vez que ya no hayan más recambios voluntarios "los que queden con viejos documentos deberán cambiarlo obligatoriamente".
El Gobierno aún no ha dado una explicación satisfactoria sobre cuál es la necesidad de renovar todos los DNI.

Hay otros puntos polémicos:
La base de datos será homologada con el FBI. Esto permitiría a Estados Unidos el acceso información personal de los argentinos. En el Gobierno aseguran que esto será sólo para luchar contra el terrorismo.
Cierta información de la base estaría disponible, tras el pago de un canon, para entidades como bancos o escribanías públicas que quieran consultar firmas o antecedentes comerciales. ¿Puede el Estado lucrar con la información de las personas? En el Gobierno
responden que sólo se utilizarán partes acotadas de la base y para público con interés legítimo.
Pero distintos académicos especializados en protección de datos personales consultados coincidieron en que
una megaba se de datos va contra los principios constitucionales del derecho a la intimidad (ver Los especialistas se oponen).

Lucas Guagnini - Jorgelina Vidal. De la redacción de Clarín.

 

Los especialistas se oponen

Del control total al horro absoluto

¿Y el derecho a la intimidad?

La ley le pone límites al Estado

ALEJANDRA GILS CARBO.  FISCAL DE CAMARA. ESPECIALISTA EN DERECHO A LA INTIMIDAD Y HABEAS DATA.

GUSTAVO DANIEL TANUS. ABOGADO. ESPECIALISTA EN PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

PABLO ANDRES PALAZZI.  ABOGADO.  ESPECIALISTA EN DERECHO A LA PRIVACIDAD Y HABEAS DATA.

Mario Vargas Llosa nos señaló que el mito de la sociedad ideal que inspiró las utopías clásicas de Platón y Tomás Moro, fue desplazado por las antiutopías modernas de Orwell y Huxley, que trocaron esas visiones para mostrarnos que la búsqueda de la perfección en el control social conduce al horror absoluto. Esto debería alertarnos para examinar a tiempo el impacto en los derechos individuales que produce la creación de megarregistros que almacenen datos personales de los ciudadanos. Se asoma el peligro de vivir en una sociedad de la vigilancia y las categorizaciones. Por eso la reforma constitucional del año 1994 jerarquizó el derecho a controlar los propios datos y luego el Congreso impidió su recolección en volúmenes masivos para fines plurales. Seguimos la línea del derecho europeo que advirtió el riesgo de que el mercantilismo y el temor al terrorismo reemplacen el mito de la sociedad ideal que antes encarnaron el comunismo y los totalitarismos, eliminando el espacio de libertad que el hombre necesita.

El derecho del Estado a recabar datos personales de los ciudadanos, tratarlos y, en determinados casos, cederlos, se funda en razones de interés público. No obstante, cabe preguntarse cuál es la información que puede poseer legítimamente con relación a la identidad y vida privada de las personas, sin con ello violar el derecho al honor y a la intimidad reconocidos por la Constitución Nacional. La eventual creación y mantenimiento de una base de datos de las características de la comentada requerirá, además de cumplir con lo establecido por la Ley 25.326 (de protección de datos personales, sancionada en el Congreso) y su reglamentación. Esto es, un adecuado control por parte de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, tendiente a evitar que los datos de los ciudadanos sean utilizados de forma tal que puedan verse afectados en su identidad, dignidad y libertad. De lo contrario, el mito orwelliano del Gran Hermano -que todo lo ve y controla- se hará realidad.

Vivimos en una época donde la información ha cobrado un valor inusual, por lo fácil que resulta su recolección y entrecruzamiento. Quien tiene acceso a estos datos tiene un inmenso poder, pues puede conocer aspectos de la vida privada de las personas a los que de otra forma no tendría acceso. Justamente para impedir estos abusos la Constitución de 1994 permite a los ciudadanos acceder a sus datos personales en poder del Estado. En cuanto a la cesión de datos, nuestra ley -inspirada en las europeas- permite como excepción que las dependencias del Estado intercambien datos personales siempre y cuando ello esté relacionado con sus funciones. Pero a esta excepción se aplica una limitación muy importante: los datos no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención. Que el Estado almacene datos de ciudadanos no es malo (siempre lo hizo), el problema es cómo lo hace, con qué límites, quién tiene acceso y como los ciudadanos controlan su uso.