PROYECTO DE REGLAMENTACION GENERAL DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION JUDICIAL.

Buenos Aires, 25 de agosto de 2004

DICTAMEN Nº 15 /04

Plenario del Consejo de la Magistratura:

La Comisión Auxiliar Permanente de Reglamentación y reforma Judicial, por los fundamentos que oportunamente dará su Presidente, Dr. Humberto Quiroga Lavié, aconseja la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

VISTO:

El Expte. 129/2002, caratulado “Reglamentación general del tratamiento de la información judicial”, y  CONSIDERANDO:

1º) Que la sanción de la ley 25.326 de “Protección de datos personales” hace necesario adecuar sus disposiciones a las particularidades de los datos que obran en los registros del Poder Judicial de la Nación.

2º) Que cabe asimismo disponer la exclusión de dichos registros de la órbita administrativa, y del organismo de control creado por los artículos 21 y 29 de la ley 25.326, en cuanto corresponde al Poder Judicial de la Nación, de modo exclusivo, el control sobre sus registros.

3°) Que corresponde, además, prever los supuestos especiales de reserva, teniendo en cuenta los intereses que se pueden afectar en cada caso, excluyendo de dicha reserva al titular de los datos registrados.

4º) Que en cuanto a las previsiones específicas, esta Comisión ofició a la totalidad de las Cámaras Nacionales y Federales de Apelaciones del país, con el fin de tomar conocimiento de las normas dictadas para resolver los casos presentados, de cuyas respuestas surgen particularidades derivadas de los datos procesados por cada fuero. Ello amerita que se otorguen facultades a las cámaras que ejercen la superintendencia sobre sus registros, para adoptar las resoluciones que consideren adecuadas, tanto en los supuestos de reserva específica de información como en los su denegación, destrucción de datos innecesarios y procedimiento a aplicar para el ejercicio por parte de los interesados del derecho de acceso, rectificación y supresión de datos.

5°) Que es necesario regular, asimismo, la responsabilidad por el uso inadecuado de la información, en cabeza del titular del órgano u oficina que la posea. También corresponde regular la cesión de los datos prevista en el art. 11 de la ley 25.236, que en el proyecto se difiere a la resolución del Consejo de la Magistratura.

Por ello,

SE RESUELVE:

Proponer al Plenario del Consejo de la Magistratura la aprobación del proyecto de “REGLAMENTO GENERAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION JUDICIAL” que obra en el Anexo.

Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial y hágase saber.

Firmado por ante mí, que doy fe.

ANEXO

REGLAMENTO GENERAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION JUDICIAL

ARTICULO 1°.  REGISTROS

Los registros de datos del Poder Judicial de la Nación, sujetos a esta reglamentación, quedan comprendidos entre los registros públicos de datos previstos en el artículo 43, párrafo tercero, de la Constitución Nacional y 1° de la ley 25.236.

La licitud de la formación de tales registros no estará sujeta a la inscripción prevista en el artículo tercero de la ley 25.326.

Están excluidos del control del organismo regulado por el capítulo V de la ley 25.236, como de todo otro creado fuera del ámbito del Poder Judicial de la Nación.

ARTICULO 2°. FINALIDAD DE LOS DATOS OBTENIDOS POR EL JUDICIAL DE LA NACIÓN Y ALMACENADOS EN SUS REGISTROS

La finalidad de la obtención de todos los datos registrados en el Poder Judicial de la Nación está directa y exclusivamente vinculada con las funciones de este poder del Estado. En tal sentido, la publicación de cualquier información deberá preservar el ejercicio de dichas funciones, sin que afecte el desempeño de las actividades jurisdiccionales ni la privacidad de las personas alcanzadas por ellas.

ARTICULO 3°. DATOS

Los datos almacenados en los registros llevados por el Poder Judicial de la Nación están comprendidos en las previsiones del artículo 4° inciso 6 de la ley 25.326, con ajuste a las disposiciones procesales y a la situación de reserva dispuesta para las actuaciones en cada caso. Dichos datos no están comprendidos en el artículo 6° inciso a) de la ley 25.236, ni se considerarán obtenidos de fuentes de acceso público irrestricto, según lo previsto en el artículo 5°, inciso 2°, apartado a) de la ley citada.

Las estadísticas del Poder Judicial de la Nación serán de acceso público irrestricto.

ARTICULO 4°. SUPUESTOS ESPECIALES DE RESERVA

Serán consideradas reservadas:

a) Las actuaciones reservadas por disposición del juez de la causa.

b) Toda información relacionada con los montos de las demandas iniciadas y las condenas pecuniarias recaídas en las causas, salvo que se acredite un derecho subjetivo o se publique en forma disociada o con fines didácticos o estadísticos.

c) Toda información referida a montos de honorarios regulados a profesionales que se desempeñen como auxiliares de la justicia, salvo para los mismos interesados o para quienes acrediten un derecho subjetivo.

d) Toda información que se refiera a datos concernientes a magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación, con excepción de la enumeración de los cargos existentes con los sueldos asignados, la planta de personal y las sedes de las cámaras, tribunales, juzgados o dependencias judiciales. Esta disposición no regirá para los organismos de control, de acuerdo con la reglamentación que al efecto dicte el Consejo de la Magistratura.

e) Los datos registrados en cualquier causa o actuación amparados por el secreto profesional, salvo para el titular de los datos.

f) La  información referida a mediaciones iniciadas o concluidas, salvo en relación a las partes, y con excepción de las estadísticas.

g) Las causas penales, en la medida en que el juez lo disponga.

h) Las causas que tramiten en cualquier fuero e involucren a menores, salvo para los representantes legales y lo previsto en el inciso a) del presente artículo.

i) Los datos relativos a los antecedentes penales y contravencionales obrantes en los registros del Poder Judicial de la Nación, salvo para los interesados.

j) Los datos contenidos en el Registro Nacional de Afiliados a Partidos Políticos, salvo a petición del interesado.

k) La información relacionada con expedientes que tramiten en los juzgados competentes en materia de familia, salvo para las partes.

l) Los pedidos de quiebra, hasta la oportunidad en que se dicte la primera resolución destinada a impulsar el procedimiento por parte del tribunal interviniente.

m) Las ejecuciones fiscales que tramitan ante el fuero Federal de la Seguridad Social, hasta la oportunidad en que se dicte la primera resolución destinada a impulsar el procedimiento por parte del tribunal interviniente.

n) Todas las actuaciones relacionadas con medidas cautelares, diligencias preliminares y producción de prueba anticipada, hasta que el juez ordene el cese de la reserva.

o) Los pedidos de secuestro de los bienes prendados (art. 39 de la ley 12.962).

p) Las bases de datos del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, incluyendo a todos los reconocimientos médicos y las pericias realizadas, salvo para los titulares de los datos o representantes necesarios de menores e incapaces. Se exceptúan de esta norma las estadísticas de dichas dependencias.

q) Todos los otros supuestos que, por resolución fundada del Consejo de la Magistratura y a solicitud de las cámaras de apelaciones o de los órganos que ejercen la superintendencia sobre los registros de datos, se incluyan dentro de esta nómina.

ARTICULO 5°. FACULTADES DE LAS CAMARAS DE APELACIONES Y DE LOS ORGANOS QUE EJERCEN LA SUPERINTENDENCIA SOBRE LOS REGISTROS DE DATOS DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION.

Facúltase a las cámaras de apelaciones y a los órganos que ejercen funciones de superintendencia sobre los registros de datos del Poder Judicial de la Nación para:

a) Proponer en los ámbitos de su competencia los supuestos de reserva específica.

b) Denegar el acceso a los datos en los casos previstos en el artículo 17 inciso 1° de la ley 25.326.

c) Determinar la oportunidad en que ha de procederse a la destrucción de los datos que han dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales fueron recolectados (art. 4° inc. 7 de la ley 23.526).

d) Establecer el procedimiento que ha de aplicarse a los efectos del ejercicio por parte del interesado de los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos. Ello sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto por el artículo 16 inciso 5° de la ley 25.326. En todos los casos el interesado deberá justificar los motivos de su solicitud.

e) Informar al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación en los casos en que se peticione la cesión de los datos previstos en el art. 11 de la ley 25.326, respecto de los registros que se encontraren bajo su dependencia.

f) Decidir respecto de la aplicabilidad de los procedimientos de disociación de información y sus fines.

g) Disponer por resolución fundada y con carácter de excepción la aplicación a las partes en los procesos contradictorios, del artículo 15 inciso 2° último párrafo, de la ley 25.326.

h) Solicitar al Consejo de la Magistratura la inclusión de supuestos especiales de reserva en la nómina establecida en el artículo 4° de este reglamento.

ARTICULO 6°. RESPONSABILIDAD

Los jueces o encargados de la oficina del Poder Judicial de la Nación, según los casos, así como aquellos en quienes deleguen la función, serán responsables por el secreto profesional previsto en el artículo 10 de la ley 25.236.

ARTICULO 7°. CESION DE DATOS

Las posibilidades y condiciones de cesión de datos prevista en el artículo 11 de  la ley 25236, serán resueltas por el Consejo de la Magistratura en cada caso que se peticione, con intervención de la Comisión de Administración y Financiera, previa información de la cámara nacional o federal de apelaciones que corresponda.