PROYECTO DE COMUNICACION PARA SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO QUE ARBITRE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA QUE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES HABILITE DE INMEDIATO EL REGISTRO PÚBLICO DE BANCOS DE DATOS.

2833-S-03 (S.-2.833/03)

El Senado de la Nación

Solicitar al Poder Ejecutivo que arbitre los medios para que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales dé cumplimiento sin dilación a lo establecido en el artículo 21 de la ley 25.326 y artículo 21 del decreto 1.558/2001, habilitando el Registro Público de Bancos de Datos, para así dar plena operatividad a la protección integral de los datos personales asentados en registros, archivos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos públicos o privados.

Marcelo A. H. Guinle.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La Constitución Nacional en su artículo 43, tercer párrafo, estableció que toda persona podrá interponer la acción de amparo "para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos", vale decir que con carácter instrumental la Constitución definió la acción de hábeas data, cuyo fin es garantizar el honor y la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre en bancos de datos públicos o privados.

Esta protección consagrada por la Constitución Nacional, fue reglamentada específicamente con la sanción de la ley 25.326 , denominada Ley de Hábeas Data, que determinó la licitud de la formación de archivos de datos cuando los mismos se encuentren "debidamente inscriptos, observando en su operación los principios que establece dicha ley" (artículo 3°), y los mismos nunca podrán tener una finalidad contraria a la ley o a la moral pública, en suma la ley protege la intimidad de las personas y la exactitud de los datos personales que puedan ser lícitamente difundidos.

El funcionamiento de los bancos de datos está pormenorizadamente regulado tanto en la ley como en su decreto reglamentario 1.558/01 dictado el 29 de noviembre de 2001, y siempre está garantizado el derecho de acceso del titular de los datos, para solicitar y obtener la información de sus datos personales incluidos en los bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes, y le asiste el derecho a solicitar la rectificación, actualización, supresión o sometimiento a confidencialidad de
los mismos, pero es obvio que para el ejercicio de tal derecho, el potencial afectado debe conocer de la existencia de los diferentes bancos de datos, para sí poder controlar efectivamente la calidad de la información que en lo que a él respecta obre en ellos.

En los últimos tiempos y fundamentalmente por la masiva utilización de Internet se ha posibilitado la acumulación de información de toda índole, inclusive la de datos personales sensibles, y como consecuencia han proliferado los bancos de datos privados que con fines comerciales difunden múltiple información de las personas físicas o jurídicas en ellos registrados, e inclusive se han presentado severos conflictos con algunos por la violación de las disposiciones legales premencionadas, tal el caso del banco de datos que proporcionaba información de los trabajadores que habían sido actores de juicios laborales.

En este sentido verificamos que la doctrina interpreta que uno de los principales objetivos del hábeas data es el de controlar la correcta utilización de la información, su contenido y fundamentalmente, evitar los excesos y abusos originados por el uso de dicha información, que en muchos aspectos pueden lesionar derechos personalísimos, por incluir datos falsos o que aun siendo verdaderos, puedan constituirse en fuente de discriminación.

La ley 25.326 , sabiamente determinó la necesidad de crear un registro público de todo "archivo, registro, base o banco de datos públicos y privados destinados a proporcionar informes" (artículo 21), ello con el evidente fin de su debido control por parte de la autoridad de aplicación y fundamentalmente para posibilitar que las personas que potencialmente pudieran estar incluidas en tales bancos de datos pudieran saber de su existencia y así ejercer el derecho que les confiere la normativa de conocer la información que sobre las mismas en ellos obre, a los fines de controlar su calidad y exactitud.

Pese al tiempo transcurrido desde la sanción de la ley en el año 2000 y de su reglamentación dictada en el año 2001, hasta la fecha no obra habilitado y en funcionamiento el Registro Público de Bancos de Datos que debe implementar la autoridad de aplicación, que es la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, aun cuando el artículo 21 del decreto 1.558/01 dispone que "El registro e inscripción de archivos, registros, bases o bancos de datos públicos y privados destinados a dar información, se habilitará una vez publicada esta reglamentación en el Boletín Oficial", lo cual ocurrió el 3 de diciembre de 2001.

La falta de implementación del registro creado por la Ley de Hábeas Data, atenta contra la efectiva aplicación del régimen legal y dificulta la actividad de control de la autoridad de aplicación y fundamentalmente de las personas potencialmente incluidas en cientos de bancos de datos que existen en nuestro país, de cuya existencia y naturaleza se carece de una sistematizada información, por lo que entiendo resulta de máxima prioridad instar a la autoridad de aplicación a la inmediata puesta en funcionamiento del registro público, a los fines de posibilitar el pleno goce de los derechos que tanto la Constitución Nacional como la legislación específica otorgan en la materia.

Conforme los fundamentos expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa que propicia solicitar al Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios para que la autoridad de aplicación de la ley 25.326 ajuste su obrar a las previsiones legales y reglamentarias y habilite en lo inmediato el Registro Público de Bancos de Datos, que posibilitaría dar operatividad plena a los derechos en dichas normas consagrados.

Marcelo A. H. Guinle.