PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DEL ARTICULO 26º DE LA LEY 25.326.

1211-D-06
(REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 7283-D-04).
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Modifícase el inciso 1 del artículo 26 de la ley 25.326, el que quedará redactado de la siguiente forma:

En la prestación de servicios de información crediticia sólo pueden tratarse datos personales de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito, obtenidos de fuentes accesibles al público o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento. En ningún caso se considerará información susceptible de ser almacenada y cedida la promoción de juicios sin sentencia firme.

Art. 2º – Modifícase el inciso 3 del artículo 26 de la ley 25.326, el que quedará redactado de la siguiente forma:

El responsable de los archivos, registros o bancos de datos que prestan servicios de información crediticia, deberá notificar al afectado en el plazo de 10 días desde dicho registro, una referencia de los datos que hubiesen sido incluidos, y se les informará de su derecho a recabar, rectificar, ampliar o suprimir la información que le concierne en los términos de la ley. Del mismo modo, en cualquier tiempo, el titular de los datos podrá solicitar se le informen, evaluaciones y apreciaciones que sobre él mismo hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses y el nombre y domicilio del cesionario en el supuesto de tratarse de datos obtenidos por cesión.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Irene M. Bösch de Sartori. – Miguel L. Bonasso. – Inés Pérez Suárez. – Daniel A. Varizat. – Francisco V. Gutiérrez. – Daniel M. Esaín. – Julio C. Humada. – Rosario M. Romero. – Raúl G. Merino. – Juan M. Irrazábal. – Diego H. Sartori.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Motiva el presente proyecto el gran malestar generalizado que provoca el uso y abuso que se advierte en el tráfico de información.

El artículo 43 de la Constitución Nacional programa una subespecie de amparo, o amparo específico, conocido en el derecho comparado como hábeas data.

Como vía procesal constitucional concreta, nace en la Constitución brasileña de 1988. Tiene base en varias normas provinciales y últimamente ha encontrado acogida en las Constituciones de Colombia (1991), Paraguay (1992) y Perú (1993).

Conviene aclarar por qué y para qué está el hábeas data. Su origen se explica en virtud del desarrollo del llamado “poder informático”. Quienes “hacen” informática (el productor, el gestor y el distribuidor de datos) tienen generalmente protección constitucional, de su actividad, en las reglas que tutelan la libertad de comerciar, trabajar, propiedad, inviolabilidad de los papeles privados, etcétera. La situación no es la misma para los “registrados” en los archivos o bancos de datos, ya que éstos pueden contener información equivocada, antigua, falsa, o con potenciales fines discriminatorios, o lesiva del derecho a la intimidad de las personas, etcétera.

El hábeas data pretende dar una respuesta transaccional a los derechos constitucionales de “registrantes” y “registrados”, y atiende a cuestiones de fondo (los derechos de cada uno de aquéllos), y de forma (el tipo de procedimiento para asegurar tales derechos).

Con relación a lo primero, el hábeas data tiene cinco fines principales: a) acceder al registro de datos; b) actualizar los datos atrasados (v. gr., si una persona que aparece como procesada, ha sido sobreseída); c) corregir información inexacta; d) asegurar la “confidencialidad” de cierta información legalmente colectada, pero que no debería trascender a terceros (v. gr., balances presentados por una corporación ante un organismo fiscal, pero que no tendrían que suministrarse a empresas rivales); e) cancelar datos que hacen a la llamada “información sensible” (ideas religiosas, políticas o gremiales; comportamiento sexual, etcétera), potencialmente discriminatoria o que perfora la privacidad del registrado.

Con relación al segundo punto, es decir, al procedimiento para asegurar los derechos que tutela el hábeas data, es donde se advierte la falla que permite la vulneración de dichos derechos.

La prestación de servicios de información crediticia, siguiendo las pautas de la doctrina y legislación españolas está contemplada en el artículo 26, y en sus cinco incisos prevé que la misma puede versar sobre:

a) Datos personales de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito,

b) Datos personales relativos al cumplimiento o incumplimiento de contenido patrimonial.

En los restantes incisos alude al derecho de acceso del titular de los datos; al derecho al olvido y eximición del consentimiento del titular de los datos para la cesión a terceros de la información crediticia (artículo 5).

Si bien la información sobre la solvencia patrimonial reviste una importancia singular para la actividad comercial y financiera, habida cuenta de su estrecha vinculación con el saneamiento y protección del crédito y no siendo discutida la licitud de las empresas dedicadas a proporcionar información crediticia, es necesario instrumentar medidas lo suficientemente eficaces para que dichas empresas procedan en la certidumbre de no avasallar al ciudadano común, porque lo que para estas empresas es un error de registro, para el ciudadano puede significar lisa y llanamente su ruina.

Los tribunales están repletos de serios cuestionamientos en orden a la calidad, pertinencia y vigencia de los datos que estas empresas almacenan y transmiten, porque si bien la doctrina ha afirmado que así como es bueno que los acreedores no se vean sorprendidos por personajes que aparecen disfrazados de buenos deudores cuando han dejado un tendal de deudas, es gravísima la restricción del crédito que suelen generar estos informes, en un mercado donde la escasez del crédito o el exceso de exigencias y garantías suele arrojar a los emprendedores –pymes– a las garras del circuito parabancario.

Es frecuente algún abuso puntual que ha debido padecer algún ciudadano cumplidor que un día se sorprendió con la negativa de un crédito porque un avalado no satisfizo su débito y los reclamos al avalista fueron al domicilio constituido. Esto sin hablar de perversiones gerenciales.

Del mismo modo, no son pocos los casos de personal afectado al que se le descuenta por planilla de sueldo el monto de la obligación contraída y los entes obligados a cancelar la deuda no lo hacen. Sin perjuicio de la estafa o defraudación que se llegara a configurar, lo cierto es que el empleado que actuó de buena fe, se encuentra, con una deuda que ya había pagado y como si esto fuera poco, engrosando los listados de estas empresas que actúan inaudita parte, y por figurar en sus informes, sin posibilidad de solicitar un crédito que le alivie la situación, es decir, un buen pagador es castigado sin ninguna razón ni sentido.

De acuerdo a la normativa vigente la información puede ser obtenida:

a) De fuentes accesibles al público;

b) Facilitadas por el interesado o;

c) Contar con el consentimiento del titular de los datos personales.

Los mayores conflictos se originan en el supuesto de fuentes accesibles al público, es decir, que se encuentra a disposición de cualquier persona: Registro de la Propiedad Automotor, de la propiedad inmueble, bases de datos del BCRA, Inspección General de Justicia y mesas receptoras de juicios de los diferentes fueros, entre otros.

Las críticas jurídicas más sólidas y que hacen al derecho de defensa en juicio, pues nadie es culpable hasta que una sentencia judicial así lo declare, están relacionadas con que estas empresas –que lucran con la venta de datos personales–, almacenan y transmiten información proporcionada por la Mesa General de Entradas de la Cámara Nacional en lo Comercial, en la que constan las demandas sorteadas para su tramitación, sin verificarse si las mismas fueron realmente iniciadas, como tampoco se lleva un seguimiento de las acciones judiciales instauradas para determinar el resultado de las mismas, la permisividad con que la ley facilita la tarea de estas empresas es por lo menos sospechosa pues como ya lo dijo Falcón, no queda claro por qué las empresas comerciales que lucran con estos datos pueden almacenar y ceder cualquier dato personal, económico o financiero, sin el correlativo deber de llevar a cabo un seguimiento y actualización. No hay ninguna razón para cargar este trámite sobre los particulares sino el desprecio por la persona.

Como se ve, existen aún muchas cuestiones por solucionar respecto del hábeas data y la regulación de la información económica financiera, ya que dicha regulación está destinada a evitar los peligros que el manejo irregular de la información puede generar.

En el CVII Congreso Internacional del Derecho de Daños “Responsabilidades del siglo XXI”, se señaló que, el informe de solvencia crediticia exige un pormenorizado análisis y la evaluación de una serie de factores, tales como: pagos (relación existente entre la cantidad de atrasados incurridos, respecto al total de referencias de pago); tendencia de las ventas (referenciando períodos anteriores); estructura legal (S.A:, S.R.L., cotización pública y otras categorías); demandas (cantidad de juicios, quiebras, etcétera); tiempo operando en el mercado, en años; tendencias de utilidad neta y patrimonio neto, crecimiento en capital de trabajo e índice de liquidez.

La evaluación del riesgo crediticio surgirá de la sumatoria de los factores ponderados más un valor de riesgo adicional determinado por elementos subjetivos que son de consideración del analista. Es decir que ello exige una opinión fundada y practicada conforme a los principios técnicos contables.

La mayor parte de las empresas que prestan servicios de información crediticia se limitan a proporcionar las calificaciones que efectúan los bancos acreedores, las cuales se registran en el BCRA en una base de datos denominada “Central de deudores del sistema financiero”, no efectuando en la generalidad de los casos análisis alguno de los índices aludidos.

Por una cuestión no menor que hace a la equidad y justicia, debe tenerse en cuenta que el titular de los datos personales no se halla en una situación de paridad frente a quienes recaban, ceden y tratan la información concerniente a él, sea bancos, BCRA, etcétera.

Estas, amén de un mayor poder económico que les permite hallarse mejor dotadas de suficiente e idóneo personal e infraestructura técnica, revisten carácter profesional, condición que las responsabiliza de manera especial, que les impone el deber de obrar con mayor diligencia, prudencia, etcétera.

Reafirma esta responsabilidad el hecho de que en estas empresas, que lucran con la emisión de informes de los que surge la eventual solvencia comercial de una persona, resulta ser que el objeto de su actividad comercial es suministrar información comercial y crediticia.

Es por ello que: “Es deber de la empresa que lucra con la emisión de informes de los que surge la eventual solvencia comercial de las personas, el instrumentar las medidas necesarias para que la información suministrada se ajuste a la realidad o soportar sus consecuencias, sin que sean los propios sujetos pasivos de la información los que deban aportar los datos pertinentes, (CNCiv. Sala K, “Lucato, Omar Norman c/Organización Veraz S.A. s/hábeas data”). Si bien este concepto se repite en innumerables fallos pero sobre todo, el sentido común indica que así debe ser, se hace necesario implementar reformas legislativas en este aspecto como lo intenta hacer este proyecto de ley. Y estas reformas deben significar un remedio a priori porque por más derecho a la rectificación, lo cierto es que estas organizaciones de datos comerciales funcionan como una virtual inhabilitación o como una sanción, fundamentalmente al pequeño y mediano comerciante, lo cual implica separarlo, alejarlo o excluirlo de la cadena de crédito (Juzg. Cont. Adm. Fed. 7, sec. 13.). Para el ciudadano común y corriente verse envuelto en los entramados burocráticos es desgastante, engorroso y antieconómico, pero no le queda opción: deambular eternamente, iniciar juicio o quedar fuera del sistema, como diría Dickens, las estadísticas son mentirosas porque para la víctima el perjuicio es del cien por ciento, no del tres o el seis o la cifra que largue el mercado.

El artículo 29 de la ley española 15/99 obliga a los responsables de los ficheros que tratan datos personales relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, de notificar a los interesados en el plazo de 30 días desde su registro, en un sentido similar se pronuncia la ley de registros privados de Dinamarca. De igual forma se pronuncia la directiva comunitaria 95/46 en su art. 11. En cambio, en nuestro país los interesados toman conocimiento cuando pasan a la categoría de damnificados por figurar en una lista negra. Entiéndase que no estamos en contra de la función que se ejerce para la protección del crédito, sino del abuso arbitrario del manejo de la información que no alimenta el espíritu del hábeas data sino todo lo contrario.

Es por los motivos expuestos que solicito la aprobación del presente proyecto.

Irene M. Bösch de Sartori. – Miguel L. Bonasso. – Inés L. Pérez Suárez. – Daniel A. Varizat. – Francisco V. Gutiérrez. – Daniel M. Esaín. – Julio C. Humada. – Rosario M. Romero. – Raúl G. Merino. – Juan M. Irrazábal. – Diego H. Sartori.

–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General y de Finanzas