PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DEL ARTICULO 36 DE LA LEY 25.326 SOBRE PRORROGA DE LAS JURISDICCIONES POR LAS PARTES.

Exp-Dip: 1325-D-2005

Firmante: Diputado Diego Horacio Sartori. Partido Justicialista. Misiones.

El Senado y Cámara de Diputados,

Artículo 1º – Agréguese como último párrafo del artículo 36 de la ley nacional 25.326 de protección de datos personales del siguiente texto:

Las partes no podrán prorrogar las jurisdicciones en forma expresa o tácita como establece el artículo 2 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, rigiendo esta medida, tanto para las personas físicas o jurídicas.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

 

FUNDAMENTOS:

Señor Presidente:

El presente proyecto tiene por objetivo la reforma de la ley nacional 25.326 de protección de datos personales a los fines de lograr su adecuación a un procedimiento que contemple mejorar la situación de los ciudadanos que se ven en un estado de indefensión ante las formas que son muchas veces impuestas por la parte más fuerte en los contratos bilaterales; de esta forma se ha seguido la cuestión muy de cerca, ya que desde el año 1994 con la Reforma de la Constitución Nacional, el Congreso de la Nación viene discutiendo el tema de reglamentar detalladamente el derecho de hábeas data que fuera incorporado a nuestra Constitución con la reforma citada.

La reforma que se intenta, pretende que las partes no puedan pactar la prórroga de la jurisdicción, esto es, cuando existen cuestiones patrimoniales, como en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación se prevé de esta forma, se protegerá a los ciudadanos que muchas veces pactan cuestiones en desventajas ante una de las partes que establece las condiciones más gravosas o en los contratos de adhesión.

El hábeas data constituye una garantía constitucional que tiende a que todos los habitantes, dada la multiplicación de los archivos de datos personales, puedan acceder a las constancias de dichos archivos y a constatar su veracidad y difusión, y de esta manera impedir que se haga un uso abusivo o discriminatorio de los datos.

Esta garantía está prevista en el artículo 43 de la Constitución y en la ley 25.326, como una especie dentro del género del amparo, y tiene dos fases. La primera permite que todos los habitantes puedan acceder a las constancias de los archivos y controlar su veracidad. Tanto los bancos de datos públicos como privados deben suministrar los datos solicitados por las personas, no siendo admisible dicho suministro cuando se trate de datos procesados con fines estadísticos que no están identificados en forma individual.

La segunda fase tiene por objeto la modificación del registro, sólo en caso de falsedad de los datos puede pedirse la supresión o rectificación de los mismos. También puede pedirse su actualización. Cuando existan indicios de que los mismos pueden ser usados con fines discriminatorios, podrá pedirse su conformidad.

En este contexto es plenamente procedente la reforma de la ley y su viabilidad consagrará la igualdad de tratamiento para las partes contratantes.

En consecuencia es fundamental hacer la adecuación propuesta en el presente proyecto a los fines de brindar el resguardo a estos derechos consagrados constitucionalmente y en la ley 25.326, por lo que solicito a mis pares que acompañen el mismo con su voto afirmativo.

Diego H. Sartori.